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Aumenta catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática

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Entre protestas contra el dictamen y acusaciones sobre violaciones al procedimiento, en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó ampliar la lista de delitos que la Constitución define como meritorios de prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos donde los probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso. Esto sin necesidad de que el Ministerio Público acredite el riesgo o perfil del inculpado.

El dictamen, que reformaría el artículo 19 de la Constitución, se aprobó -en lo general y lo particular- con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. La mayoría a favor la conformaron legisladores de Morena y sus partidos aliados (con algunas excepciones entre ellos) y el voto dividido de varios partidos de oposición.

 

Ahora se turnará a los Congresos Estatales para su aprobación, pues se requiere el aval de al menos la mitad más uno (17) para que entre en vigor.

El catálogos de delitos sería ampliado al agregar los siguientes:

  1. Uso de programas sociales con fines electorales.
  2. Corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones).
  3. Delitos en materia de hidrocarburos (petrolíferos o petroquímicos).
  4. Abuso o violencia sexual contra menores.
  5. Feminicidio.
  6. Robo a casa habitación.
  7. Robo al transporte de carga en cualquier de sus modalidades.
  8. Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
  9. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos (de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea).

El Pleno rechazó la propuesta de algunos legisladores que consistía en obligar al Ministerio Público a pedir prisión preventiva justificada, en vez de prisión preventiva automática, con los delitos involucrados. La propuesta formal vino de la diputada de morenista Lorena Villavicencio.

Lo que busca esta orden automática de prisión preventiva es la garantía de que el inculpado enfrentará el juicio que tienen por delante. Así, el juez de la causa está obligado a imponerla en contra del probable responsable, aun cuando legalmente continúe siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Con anterioridad a esta reforma una persona acusada por estos delitos ya podía quedar en prisión preventiva, sin embargo, para que ello ocurriera el Ministerio Público tenía que “justificar” ante el juez la necesidad de imponer esta medida cautelar en vez de alguna de las otras 15 que contempla la ley y son menos invasivas como un arraigo domiciliario, un brazalete, entre otros.

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Reclamos, acusaciones y oposición infructuosa

Durante la sesión que se prolongó por casi 10 horas, los legisladores de oposición e incluso de Morena intentaron, sin éxito, frenar la discusión o interponer recursos para que no prosperara la modificación constitucional que finalmente fue aprobada. Un grupo de legisladores, principalmente del PAN, llegó a ocupar la tribuna lo que impidió por algunos momentos que continuara la discusión.

En el arranque de la sesión el grupo parlamentario del PRD solicitó que toda la sesión fuera suspendida al considerar que el procedimiento estaba viciado desde que se convocó el periodo extraordinario en enero sin dictamen.

Después, al fijar su postura, legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD presentaron argumentos en contra.

Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), consideró que la prisión automática era una “sentencia sin condena” y criminalizara sobretodo a personas de bajos recursos.

Dulce María Sauri (PRI), calificó la propuesta como un “engaño al pueblo de México”.

Enrique Ochoa (PRI), dijo que estaban a favor de que el MP pidiera forzosamente la prisión preventiva por lo delitos que se consideraran, peor que fuera de forma justificada y que el juez tuviera derecho a concederla o no.

Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y María Alemán Muñoz (PRI), entre otros legisladores, calificaron como una “simulación” todo el procedimiento de audiencias públicas pues no se recogió ninguna de sus observaciones y, al contrario, los diputados optaron incluso por retomar lo ya aprobado por el Senado desde diciembre pasado.

Varios de los diputados de oposición coincidieron en diversos argumentos en contra de la prisión preventiva automática violenta, porque:

    • Violenta el principio de presunción de inocencia (contemplado en el y el artículo 1 de la Constitución).
    • Los niveles de hacinamiento en las cárceles empeorarán.
    • No resuelve de raíz el problema de la impunidad.
¿Qué sigue ahora? 

Como la minuta que mandaron los senadores fue aprobada finalmente sin cambios por los diputados, el texto quedó avalado por el congreso de la Unión. Pero por tratarse de una reforma constitucional se requiere aun del aval de la mitad de los congresos estatales más uno. Una vez cumplido ese aval el Poder Ejecutivo podrá promulgarla.

El dictamen aprobado establece en sus artículos transitorios que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva es una medida temporal y cuya efectividad deberá ser evaluada dentro de cinco años.

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas”, señala el dictamen aprobado.

De 6 a 15

Previo a la reforma que se aprobó este martes, el artículo 19 Constitucional solo contemplaba una lista de seis ilícitos que eran meritorios de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Castigo anticipado

La iniciativa aprobada, que forma parte del plan de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había sido rechazada por expertos, colectivos de la sociedad civil, y hasta por representantes de la Organización de las Naciones Unidas, debido a que no existe evidencia empírica que demuestre una disminución en la inseguridad con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Según indicaron, el problema central es que con esta medida se aumenta la posibilidad de que se castigue a personas inocentes, además de que los delitos como el homicidio, que ya contemplaba el artículo 19 constitucional, no se han reducido, a pesar de la aplicación del encarcelamiento automático.

Los colectivos defensores de derechos humanos advierten que esta medida cautelar castiga de manera anticipada a los acusados, sobre todo a aquellos de escasos recursos económicos.

Al mismo tiempo se adelanta que podrían incrementarse los actos de corrupción en las agencias del Ministerio Público, pues en esta instancia –mediante soborno- se podrían cambiar las acusaciones que lleguen al juez, a fin de que estas no incluyan alguno de los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional.

De hecho, el Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas consideró en un documento, enviado a principios de febrero a los legisladores, que esta forma de detención viola los derechos humanos de libertad, seguridad personal, juicio justo, debido proceso y garantías judiciales.

El grupo de la ONU advirtió que esta reforma constitucional es contraria a las obligaciones que México adquirió al firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la prisión preventiva debe ser excepcional.

De hecho, la prisión preventiva oficiosa es incompatible con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados por nuestro país, los cuales forman parte de nuestra legislación nacional, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución.

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