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M√©xico, reprobado en ‘Estado de Derecho’

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estado de derecho 2018

En México, el Estado de Derecho es un reto. Esta afirmación se desprende no solo de lo que se ve cotidianamente al encender la televisión y observar cualquier noticiero nacional, sino de un estudio realizado por la organización internacional World Justice Project (WJP), en el que se determinó que ninguna de las 32 entidades federativas obtuvo un puntaje mayor a 0.5 en una escala de 0 a 1.

Este martes se public√≥ por primera vez el¬†√ćndice de Estado de Derecho en M√©xico, el cual se realiz√≥ a partir de 25,600 entrevistas a ciudadanos de todo el pa√≠s y a 1,503 abogados, sobre temas relacionados a¬†autoridades, corrupci√≥n y justicia.

La presentación de esta análisis se hizo precisamente en el Museo de Memoria y Tolerancia de la capital del país; un recinto erigido en 2010, fue fundado con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas de genocidio a nivel mundial -principalmente del Holocausto- pero que rápidamente se ha convertido en símbolo de las víctimas nacionales.

32 entidades “reprobadas”

El Estado de Derecho es definido en el estudio como ‚Äúun principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades est√°n sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente‚ÄĚ.

En la medición presentada México tiene un promedio de 0.39, en donde 1 significa completo Estado de Derecho y 0 es equivalente a la ausencia del mismo.

Las entidades peor calificadas en su gobernabilidad son:

  • 32. Guerrero que obtuvo en el ejercicio un puntaje de 0.29 (en √ļltimo lugar)
  • 31. Baja California Sur le sigue con un puntaje de 0.35
  • 30. Estado de M√©xico con 0.36.

Por otra parte, las entidades mejor calificadas en el análisis de la organización internacional fueron:

  • 1. Yucat√°n con 0.45 (primer lugar)
  • 2. Aguascalientes 0.44
  • 3. Zacatecas que obtuvo tambi√©n una calificaci√≥n de 0.44.

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La calificación otorgada a las entidades y el promedio al país están compuestas a su vez de ocho indicadores:

  1. Límites al Poder Gubernamental.
  2. Ausencia de Corrupción.
  3. Gobierno Abierto.
  4. Derechos Fundamentales.
  5. Orden y Seguridad.
  6. Cumplimiento Regulatorio.
  7. Justicia Civil.
  8. Justicia Penal.

En materia de corrupción el país en su promedio obtuvo una calificación promedio de 0.35 en una escala en donde 1 significa una captura del Estado por el cohecho y 0 la ausencia de dicho flagelo.

En este rubro destaca que la entidad peor calificada es la Ciudad de México con una puntuación de 0.27, seguida de Guerrero con 0.28 y el Estado de México con una calificación también de 0.28.

En contraparte, en el mismo indicador de ausencia de corrupción, Querétaro aparece en el ranking en el primer lugar como el mejor calificado con una puntuación de 0.42, en segundo lugar, se ubicó Zacatecas, también con una puntuación de 0.42, y en tercer lugar se encuentra Guanajuato con la misma calificación.

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Asimismo, observó que los primeros estados en implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tienden a alcanzar puntajes más altos en los indicadores relacionados con el respeto a los derechos de las víctimas y al debido proceso legal de los acusados.

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Alejandro Ponce, jefe de Investigaci√≥n de WJP,¬†afirm√≥ que¬†‚Äúla debilidad del Estado de Derecho impacta en las vidas de los mexicanos‚ÄĚ.

‚ÄúEsperamos que este informe sirva para establecer puntos de referencia acerca del desempe√Īo de las entidades federativas en materia de Estado de Derecho,¬†informar y encaminar reformas, y para identificar modelos locales exitosos que puedan utilizarse a fin de fortalecer las instituciones en otras regiones del pa√≠s‚ÄĚ, indic√≥.

Record√≥ que, durante la √ļltima d√©cada,¬†el WJP ha realizado encuestas en m√°s de 100 pa√≠ses para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesi√≥n al Estado de Derecho.

Durante la presentación del estudio participaron Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; las investigadoras Ana Laura Magaloni y Layda Negrete, así como el periodista Carlos Puig.

Con información de Aristegui Noticias, El Economista y El Tiempo de México

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